Asociaciones de consumidores

La semana pasada se concretó el pago de $2.795 millones a las dos asociaciones de consumidores que intervinieron en el caso Tissue.

  • martes, 02 de octubre de 2018 14:05    
        
        

La semana pasada se concretó el pago de $2.795 millones a las dos asociaciones de consumidores que intervinieron en el caso Tissue. Sin dudas, las cifras impresionan por su magnitud, habiéndose planteado dudas respecto a su justificación, principalmente, al compararlas con lo que pagó a cada consumidor.

En otros países, estas asociaciones juegan un rol crucial en la defensa de los derechos de los consumidores, constituyéndose en actores tanto o más poderosos que el propio Estado. Experiencias como la brasileña y española, con asociaciones integradas por cientos de miles de consumidores, con gran legitimidad y autonomía, son especialmente significativas. Contrasta con la situación chilena, donde estas organizaciones están muy atomizadas (hay 39 inscritas en el Sernac), no superando por lo general el número mínimo de 25 miembros que les exige la ley, presentando muchas debilidades operativas y crónicos problemas de financiamiento, con una dependencia casi total de los recursos estatales.

Cualquier política que busque fortalecer la defensa de los consumidores debe preocuparse precisamente por potenciar a estas instituciones. De hecho, las recientemente aprobadas modificaciones a la Ley del Consumidor les otorgan nuevas facultades e incrementan los recursos del fondo público para su financiamiento, que ahora van a poder usarse en actividades de litigación.

En principio, entonces, habrían buenas razones para celebrar el acuerdo que alcanzaron Conadecus y Odecu con la CMPC, así como el elevado monto de recursos que percibieron fruto del mismo. Pero este juicio debe condicionarse al destino que se le dé a tales fondos, siendo determinante tener claridad de que van a ser usados en beneficio de los consumidores.

Sin embargo, las primeras informaciones entregadas no son para nada tranquilizadoras. El comunicado inicial indicó que los recursos obtenidos en la negociación estarían destinados exclusivamente a “devolver los gastos en que incurrieron las organizaciones de consumidores en el proceso”. Sin embargo, a continuación ellas mismas señalaron que “están haciendo las cuentas para determinar cuánto deberían destinar al pago de honorarios profesionales” y que eventualmente “existirían excedentes”.

Parece evidente entonces que no se nos está contando la verdad. ¿Cómo quieren que creamos que están calculando recién los gastos, cuando el acuerdo se suscribió hace un año y medio? ¿Cómo pudo fijarse en ese acuerdo el monto de los gastos, si aún no habían sido calculados? Y, finalmente, ¿cómo puede haber excedentes, si solo se estarían devolviendo los gastos efectivamente incurridos?

La única forma de salirle al paso a las sospechas que ha levantado este acuerdo sería que las asociaciones indiquen con total precisión y transparencia en qué gastarán los recursos, estableciendo, además, una supervisión externa de su efectivo cumplimiento.

Por Juan Enrique Vargas

Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/asociaciones-de-consumidores/338700/